Sentencia A. 1062/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1062/25

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto subjetivo

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1062 DE 2025

 

Referencia: expediente CJU-6701.

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones aparente suscitado entre el Juzgado 129 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá y el Cabildo Indígena Muisca de Suba.

 

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo.

 

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el artículo 241.11 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

 

AUTO.

 

I.      ANTECEDENTES

 

1.   El 18 de octubre de 2023 la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en contra de Dayana Michel Castillo Benavides como coautora del delito de extorsión agravada –artículos 244 y 245.9 del Código Penal–[1]. Lo anterior, puesto que, según dicho escrito, la señora Castillo Benavides era la titular de la cuenta de ahorros a la que Juan Guillermo Cuellar Perdomo consignó el dinero como consecuencia de la extorsión de la que fue víctima[2].

 

2.   Surtidas algunas actuaciones procesales[3], el Juzgado 129 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá adelantó la audiencia de juicio oral el 24 de febrero de 2025. Durante la diligencia, el abogado defensor solicitó el aplazamiento del juicio debido a que acababa de tener conocimiento de que la acusada hace parte del cabildo indígena Muisca de Suba, el cual estaba interesado en promover conflicto de jurisdicciones[4]. Por ello, el juzgado resolvió suspender la audiencia, fijar nueva fecha para el juicio oral y oficiar a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior[5] y a la Subdirección de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Gobierno de Bogotá para que informaran si el referido cabildo hace parte de los cabildos certificados por estas entidades y si la señora Castillo Benavides pertenece a dicho cabildo[6].

 

3.   El 8 de mayo de 2025, la Subdirección de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Gobierno de Bogotá señaló que se comunicó con Jeison Triviño, el Gobernador del Cabildo Muisca de Suba, quien afirmó lo siguiente:

 

Dayana Benavidez pertenece a la comunidad indígena Muisca del territorio de Suba. El caso es de conocimiento del juez natural Jeison Fabián Triviño Cabiativa, en el marco del mecanismo de administración de justicia de la Jurisdicción Especial Indígena del Cabildo, Gobernador. Actualmente el asunto se encuentra en trámite, debido a un conflicto positivo de competencia y para coordinar lo correspondiente, con el objetivo de garantizar una reparación efectiva y llevar a cabo el proceso de armonización conforme a las normas y prácticas propias del pueblo Muisca[7].

 

4.   El 9 de mayo de 2025, durante la segunda fecha del juicio oral, el defensor solicitó que el asunto fuera remitido a la Corte Constitucional, pues la comunicación emitida por el Gobernador es suficiente para entender promovido el conflicto de jurisdicciones. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación manifestó que en el presente caso no se cumple con el factor territorial, pues la víctima de la extorsión reside en San Vicente del Caguán[8].

 

5.   A partir de la solicitud efectuada por la defensa, el Juzgado 129 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, a través de providencia del 9 de mayo de 2025, envió el expediente a la Corte Constitucional, por ser la autoridad llamada a definir la competencia para conocer del proceso. Lo anterior, con fundamento en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política[9].

 

6.   El 15 de mayo de 2025, el expediente fue radicado ante la Corte Constitucional^[10]. Posteriormente, mediante reparto aleatorio del 16 de junio de 2025, el asunto fue asignado a la magistrada ponente y, al día siguiente, la Secretaría General de la Corte envió el expediente a su despacho.

 

II.                    CONSIDERACIONES

 

1.   Competencia

 

7.   La Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones de acuerdo con el artículo 241.11 de la Constitución Política de 1991[11].

 

2.   Presupuestos para la configuración de un conflicto de competencias entre jurisdicciones

 

8.   Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones^[12]: (i) presupuesto subjetivo[13]; (ii) presupuesto objetivo[14] y (iii) presupuesto normativo[15]. En caso de que uno de estos presupuestos no se acredite, la Corte debe declararse inhibida para resolver el conflicto de jurisdicciones.

 

9.   En relación con el presupuesto subjetivo, la Corte ha señalado que para encontrar acreditado este requisito es necesario que dos autoridades judiciales que administran justicia, pertenecientes a distintas jurisdicciones, reclamen o nieguen su competencia para asumir el conocimiento del asunto. Al respecto, esta Corporación ha señalado que es importante que las autoridades de ambas jurisdicciones “indiquen, de [manera] formal y expresa, que en ellas recae o no la competencia para conocer el asunto y que exista un desacuerdo frente a este aspecto”^[16].

 

10.             En ese sentido, la Corte se ha declarado inhibida para conocer de aquellos casos en que no exista contradicción por parte de las dos autoridades en conflicto, pues allí “no es posible concluir la existencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones”[17].

 

3.   Caso concreto

 

11.   En el caso bajo estudio, no se configura un conflicto de jurisdicciones, razón por la cual la Corte debe declararse inhibida para pronunciarse de fondo.

 

12.   En efecto, la controversia no supera el presupuesto subjetivo dado que, si bien se advierte que el proceso penal objeto de estudio se está adelantando simultáneamente ante el Cabildo Indígena Muisca de Suba y el Juzgado 129 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, lo cierto es que en el expediente no obra un pronunciamiento de ninguna de estas dos autoridades judiciales a través del cual reclamen la competencia para conocer del asunto.

 

13.   Lo anterior, pues: (i) en relación con la comunidad indígena, se tiene que, en el expediente únicamente obra una comunicación que la comunidad dirigió a la Subdirección de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en la que manifiesta que está tramitando un proceso penal por estos hechos. Ello, sin que la comunidad se haya acercado al juzgado para reclamarle la competencia del proceso; y, (ii) en lo que respecta al Juzgado 129 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, se evidencia que este, en la decisión del 9 de mayo de 2025, se limitó a acceder a la solicitud de la defensa de remitir el expediente a la Corte Constitucional, sin manifestar de ninguna manera si considera ser o no competente para conocer del proceso.

 

14.   En consecuencia, no es necesario analizar el cumplimiento de los presupuestos objetivo y normativo y tampoco es posible realizar un examen de fondo respecto del conflicto entre jurisdicciones propuesto. Con fundamento en los argumentos presentados, la Corte se inhibirá de pronunciarse de fondo y enviará el expediente al Juzgado 129 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá para lo de su competencia.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

 

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-6701 al Juzgado 129 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los demás interesados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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